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040			_aUISEK-EC _bspa _erda
082	0	4	_a362.29 _bC764en 2009
245	1	0	_aEntre el control social y los derechos humanos : _blos retos de la política y la legislación de drogas / _ceditores Juan Pablo Morales ; Jorge Vicente Paladines
250			_aPrimera edición
264		1	_aQuito: _bMinisterio de Justicia y Derechos Humanos, _c2009
300			_a371 páginas: _c20 cm
336			_atxt
337			_2rdamedia _an
338			_2rdacarrier _anc
490	0		_aSerie Justicia y Derechos Humanos Neoconstitucionalismo y Sociedad _9746
504			_aIncluye bibliografía (página: 369)
520	3		_aLa discusión sobre la política y la legislación de drogas ha generado diversas posiciones en América Latina. En cuanto a las políticas, los Estados de nuestra región han fortalecido sus instituciones policiales, han realizado planes y programas de prevención y disminución del consumo, han firmado convenios internacionales, han creado instituciones específicas y, en fin, han movilizado recursos para alinearse a la “lucha” contra las drogas. En cuanto a la legislación, Ecuador aprobó una ley en el año 1990 (Ley 108) que estableció un régimen de excepción penal, que provocó un aumento de las penas, disminuyó las garantías procesales y, como resultado, incrementó la población carcelaria por drogas. La Asamblea Nacional Constituyente realizó una primera lectura al impacto de la aplicación de estas políticas y leyes. En julio del 2008 se dispuso un indulto general en beneficio de las personas condenadas por ciertas cantidades de drogas. El mensaje fue claro: el sistema penal procesó y condenó a las personas más vulnerables en la cadena del tráfico de drogas. Esto se convirtió en un imperativo categórico sobre la política criminal en materia de drogas, basado fundamentalmente en la necesidad de repensar este problema desde lo jurídico y lo político con una perspectiva diferente. El fenómeno en la región no fue ajeno a los cambios y cuestionamientos. Las reformas de México, Brasil y Argentina tienen un punto de encuentro con la posición de la Asamblea, en cuanto a la necesidad de mantener la pregunta de si es legítimo mantener un régimen legal de excepción y de políticas desvinculadas del resto del sistema penal y jurídico.
526			_aDerecho
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